Paraguay Insólito

Fecha: Mon, 24 Jul 2006 09:08:21 -0400
     De: "Adriana Goni" <adrianagoni@terra.cl>
 Asunto: PARAGUAY: TERRORISMO DE ESTADO EN ACCION



EN PARAGUAY HAY TERRORISMO DE ESTADO
REFUGIO EN ARGENTINA PARA LOS 6 CAMPESINOS PARAGUAYOS

En el vecino país de Paraguay, las informaciones de violaciones a los derechos humanos, de persecuciones a los luchadores populares, las detenciones arbitrarias de campesinos y referentes sociales, el armado de causas penales, las operaciones de bandas paramilitares, las desapariciones de compañeros y los acribillamientos de militantes han pasado a ser moneda corriente. Los reportes de distintos organismos internacionales dan cuenta de unos 200 campesinos asesinados desde 1990 y un recrudecimiento de esta situación  desde el 2002. En los pasados días, y mientras en la reunión del MERCOSUR el pasado 19 de Julio, los presidentes y entre ellos Duarte Frutos, hablaban del progresismo de sus gobiernos, una nueva ola represiva se supo a través de la prensa independiente cuando un violento desalojo de un corte de ruta culminó con unos 50 detenidos entre los que se cuentan niños, media docena de manifestantes heridos de gravedad que debieron ser hospitalizados y al menos 2 desaparecidos. Esto, amén de las brutales torturas que sufrieron unos 200 campesinos por parte de los cascos azules y de la policía montada. 

En este marco, militantes de aquel país, que afrontan las persecuciones descriptas y las amenazas permanentes por parte de las bandas parapoliciales amparadas por el gobierno y entrenadas y pertrechadas por la intervención estadounidense en la zona, han debido salir de su tierra en busca de refugio político. Ésta es la situación de dos militantes del Partido Patria Libre Paraguay, que están refugiados en Brasil después de que fueran secuestrados y brutalmente torturados por un grupo operativo en el que se desempeñaban hombres del alto mando del gobierno y de las fuerzas de seguridad paraguayas. Lo mismo en el caso de dos militantes campesinos relacionados con aquella organización, que se internaron en la república hermana de Bolivia, solicitando el mismo trámite de refugio. También, en nuestro país, a donde seis compañeros llegaron en vistas de que una feroz persecución se estaba desatando contra ellos. Estos seis compañeros, que vinieron a la Argentina dándole crédito a la arenga permanente de defensa de derechos humanos que se hace desde el gobierno, debieron enfrentarse sin embargo, con la peor de las predisposiciones a ser escuchados en las órbitas del gobierno y de la justicia argentina acerca del verdadero estado terrorista que aflora hoy en el Paraguay. 

Arístides Luciano Vera Silguero, Roque Rodriguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Agustín Acosta González y Gustavo Lescano Espínola  están desde principios de mayo detenidos en la Cárcel de Villa Devoto, pedidos en extradición para ser acusados por el secuestro y asesinato de la hija del ex presidente Cubas Grau. Éste, recordemos que salió del gobierno sospechado de todo tipo de ilícitos, entre ellos, acusado de haber mandado a matar a su propio vicepresidente. En ese contexto, y a vistas de la bochornosa clase política del país vecino, fue sabido desde el principio, y corrió como reguero de pólvora entre los medios y la opinión pública toda, que aquel incidente tenía relaciones con los entramados mafiosos del poder y el gobierno. Pese a todo esto, así como al desparpajo jurídico de la causa penal en Paraguay armada alrededor de un testigo pagado, y de la evidente persecución que sufren los referentes y allegados a la organización Patria Libre Paraguay con la que se los relaciona a los seis peticionantes de asilo, hoy estos seis compañeros afrontan en prisión el pedido de refugio en el Cepare dependiente de la Cancillería Argentina y el Juicio de Extradición en manos del Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo. Recientemente, en esta causa judicial ha sido contestado el pedido de prueba presentado por la defensa, denegando todo tipo de testimonio o documental que pueda demostrar la persecución política en aquel país, lo que equivale a decir que el Juez lijo está prácticamente negando la posibilidad de defensa. Esto, en conjunto con la relación que mantiene el Ingeniero Blumberg, con la madre de la joven secuestrada y asesinada en Paraguay, junto con la serie de reuniones que estos han mantenido con Aníbal Fernández en el Ministerio del Interior, igual que con el propio Juez de la causa, así como la pésima actuación del Cepare (lugar donde en vez de ser refugiados, fueron apresados los compañeros paraguayos), que resolvió casi de inmediato el dictamen de reconocimiento de la existencia de Estado de Derecho en aquel país; manifiesta a todas luces, que el gobierno argentino y su justicia avalan, permiten y facilitan la aplicación del terrorismo de estado en el vecino país, y que colaboran entregando a seis campesinos a las manos de aquel brutal estado. 

En virtud de eso, y esperando hacer pública la difícil situación de estos compañeros, y buscando torcer la decisión del gobierno argentino, nos movilizamos a la cancillería para repudiar enérgicamente la situación represiva en el Paraguay, repudiar asimismo la resolución judicial que hace caso omiso al derecho de defensa y de asilo y que ampara la represión en el país vecino y para exigir de inmediato el refugio político y la libertad para estos seis compañeros.

EL CAMPO POPULAR ARGENTINO NO DEBE PERMITIR QUE LOS LUCHADORES PARAGUAYOS SEAN ENTREGADO A LAS MANOS DEL TERRORISMO DE ESTADO.  

LA SOLIDARIDAD DE TODAS LAS ORGANIZACIONES ES INDISPENSABLE 

MARTES 25  DE JULIO
MOVILIZACIÓN A LA CANCILLERÍA ARGENTINA
PARA EXIGIR EL REFUGIO DE LOS COMPAÑEROS PARAGUAYOS 

CONCENTRAMOS 11 HS EN TORRE DE LOS INGLESES


Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos

Se ruega difundir


Copiamos a continuación un pormenorizado informe de la situación de extrema represión que se vive en Paraguay elaborado por una Misión internacional de Observación

Paraguay: Conclusiones generales de la Misión Internacional de Observación

CADA

15 al 20 de julio de 2006

Objetivos de la Misión Internacional de Observación:

Verificar la situación del pueblo paraguayo a partir del momento en que se establece de la Ley 2594 que otorga inmunidad a los efectivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos, con vistas a
observar los posibles efectos nocivos sobre la población y las denuncias de violaciones a los derechos humanos y civiles, así como observar la escalada general de militarización.

Organizaciones participantes en la Misión:

Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Grupo de Investigaciones sobre Fuerzas Armadas y Democracia en el Departamento de Economía y Política Internacional del Centro Cultural de la Cooperación;

Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos;

Consejo Mundial de Iglesias,

Equipo de Educación Popular de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo;

Red Social de Justicia y Derechos Humanos del Brasil;

Asamblea del Pueblo Guarani, Capitania Parapiguasu,

Movimiento Continental Cristianos por la Paz con Justicia y Dignidad, Movimiento Tohallí;

Frente de Comunidades por la Defensa de las Tierras en conflicto con la Base Naval de Jaramijó;

Asociación Cristiana de Jóvenes de Ecuador; 

Coalición Nacional No Bases de Ecuador; 

Universidad de Sinaloa de México;

Servicio Paz y Justicia América Latina, Universidad de Tolouse, Francia,

Red de Desmilitarización del Servicio Paz y Justicia América Latina,

Movimiento Objeción de Conciencia de Paraguay,

Decidamos Campaña por la Expresión Ciudadana,

Coordinadora Latinoamericana de Objeción de Conciencia.y Antimilitarismo 

Metodología:

La metodología consistió en observación directa, entrevistas con
los actores principales, revisión de documentos oficiales y de la
prensa.

Resultados preliminares de la observación:

En las entrevistas con distintas organizaciones sociales se expresó, reiteradamente, la alarma por el incremento en actividades militares, policiales y paramilitares de diferente tipo en las zonas rurales, con el resultado de un acumulado de 2000 campesinos procesados hasta la fecha, de acuerdo con el dicho del Presidente del Congreso, Enrique González Quintana y desalojos, quemas de viviendas, violaciones, tortura y asesinatos, de los que el Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla,
señaló que "existen algunos casos" "acá y en toda América Latina".

Los ejercicios militares del ejército estadounidense: 

En el caso de la realización de MEDRETES, la población atendida, preferentemente mujeres e infantes, señala que el diagnóstico, si lo hay, es muy superficial, que se le entregan o se le aplican
medicamentos sin precisar lo que son y un mismo medicamento se aplica al parecer colectivamente a pesar de que las dolencias no sean similares. Estos medicamentos son asociados por la población con la incidencia de hemorragias y abortos en las mujeres atendidas, por lo cual será necesario realizar un análisis químico de las sustancias utilizadas.

Se señala, adicionalmente, que la realización de los MEDRETES ha coincidido con algunas violaciones a las mujeres jóvenes del área circundante, aunque sin precisar quienes son los responsables directos. Todos los testimonios indican que los ejercicios MEDRETES, además de ofrecer consultas médicas,
incluyen operaciones adicionales de filmación del lugar, infiltración en las comunidades y recolección de datos.

El Intendente de Mariscal Estigarribia, Herman Ratzlaff, afirma que los MEDRETES constituyen un servicio social que cubre deficiencias del Estado paraguayo "y si lo hacen los americanos...pueden ser los menos peligrosos". 

Se insiste en que los oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses cumplen funciones de capacitación y entrenamiento a los cuerpos de seguridad paraguayos pero se insiste también en su relación con la creación de cuerpos de seguridad inconstitucionales, como los Consejos y Comisiones de Seguridad Ciudadana. 

Militarización en el área rural:

La militarización en el campo parece estarse agravando rápidamente desde el año 2003, en que fue emitido el Decreto 167, que autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar en tareas de seguridad interna, en colaboración con la Policía nacional.

Recibimos denuncias sobre ocupación militar de tierras y locales de las organizaciones campesinas, como en el caso de la Organización Campesina de Desarrollo Comunitario del Guaira (OCDCG), en Paso Yobai, en que el asentamiento 8 de Diciembre sufrió un allanamiento por parte del ejército y la toma del local de la organización, incautando sus bienes y medios de comunicación, y haciendo huir a su dirigente, Isidoro Paredes.

Esta situación data del año 2004 y se mantiene hasta la fecha. 

Las denuncias competen a la actuación de los cuerpos de seguridad constitucionales (ejército y policía) y a los Consejos de Seguridad Ciudadana, creados recientemente por el Ministerio del Interior, y que son cuerpos combinados policiaco-militares. Son estos cuerpos los señalados como autores de las represiones, desalojos, violaciones e incluso asesinatos de dirigentes y miembros de las organizaciones campesinas. 

En Yvy Ja'u, de acuerdo con lo observado, la desaparición forzada del periodista Enrique Galeano, no es sino el último evento de este tipo registrado en el lugar. La Misión tuvo informes de 49 muertos y
varios desaparecidos por lo menos en los últimos dos años. 

En San Pedro de Paraná se denuncia la presencia de un destacamento militar justo en medio de cuatro asentamientos campesinos que fueron despojados de 5 Has. con el propósito de construir la sede del destacamento. Además de intimidar a la población campesina, los militares realizan actividades de
fragmentación comunitaria y proselitismo político al plantear a las comunidades que ellos pueden gestionarles sus reivindicaciones sin necesidad de llevar a cabo acciones de protesta y con mayor
celeridad que las organizaciones sociales que los representan. 

La extensión del latifundio y de la frontera sojera se señala como motivo del desalojo de los campesinos. Según fue reiteradamente denunciado, los empresarios sojeros se valen de una empresa
denominada Guardias Rurales, S. A. para realizar las expulsiones y apoderarse de las tierras campesinas, a tal punto que se habla de "zonas liberadas" donde las fuerzas del Estado no intervienen.
Esto fue denunciado por todas las organizaciones campesinas que fueron entrevistadas. 

Adicionalmente a los desalojos y asesinatos vinculados a la extensión de la frontera sojera se reporta una alta incidencia de morbilidad derivada del uso masivo de agrotóxicos y pudimos constatar signos visibles de enfermedad. Se tiene registro de muertes por los agrotóxicos y de casos de hidrocefalia.

Conocimos del caso del dirigente campesino Tomas Zayas de la CENOCIP, miembro de la organización ASAGRAPA y vecino de la comunidad El Triunfo de Alto Paraná, donde se está impulsando un proyecto de organización campesina autónoma y a quien se ha intentado vincular con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a través de la construcción de un testigo mediante soborno, sin que hasta el momento se haya podido aportar ninguna prueba fundamentada en su contra. Desde entonces se han registrado operativos de persecución y hostigamiento que ponen en riesgo su integridad y que refuerzan la hipótesis de que se trata de un caso montado. 

Asimismo, con respecto a la supuesta existencia de un foco guerrillero en el departamento de Concepción, nos remitimos a la opinión del Jefe de la Policía departamental, vertida en entrevista
con la Misión de Observación, que sostiene que ahí no hay ni guerrilla ni actividades subversivas, y a la del Obispo de la Diócesis de Concepción, Pablo Cáceres, quien afirma que tanto los detenidos en Puentecinho y Hugua Ñandú son campesinos honestos que él conoce bien. Se intentó corrobar esta información con la Gobernadora de Concepción, Ramona Mendoza, que se negó a entrevistarse con la Misión.

Mariscal Estigarribia: 

En Mariscal Estigarribia se encuentra el aeropuerto internacional Luis María Argaña, a cargo de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), con la mejor pista de aterrizaje de Paraguay pero un tráfico aéreo casi nulo. Cabe destacar que esta pista tiene una anchura de 70, y una longitud de 3800 metros, adecuada para el aterrizaje de naves de gran porte y peso, que excede las necesidades de la aviación civil comercial y las del ejército paraguayo. Toda la gente entrevistada en Mariscal Estigarribia, señala que se han recibido periódicas visitas de funcionarios estadounidenses, civiles y militares de alto rango, incluido el embajador. 

En el trabajo de observación llamó la atención la presencia constante de la USAID y sus vínculos con las principales organizaciones civiles que trabajan con la población local y con la Municipalidad, sobre todo por ser una agencia conocida históricamente por su relación con las dictaduras militares.

Militarización urbana: 

Un indicador general de militarización, reportado por muchos entrevistados, es la constante solicitud de documentos de identidad en los colectivos y carreteras y el acoso a los jóvenes.
Un dato alarmante es la militarización de las escuelas y colegios, de todos los grados escolares, con presencia de militares con armas largas. 

En los sectores urbanos, sobre todo en las áreas marginales (los "bañados"), se denuncia la utilización de las Comisiones de Seguridad Ciudadana en actividades que corresponden a las funciones de los cuerpos policiales y para fines relacionados con la fragmentación social. del pueblo paraguayo a partir del momento en que se establece de la Ley 2594 que otorga inmunidad a los efectivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos, con vistas a observar los posibles efectos nocivos sobre la población y las
denuncias de violaciones a los derechos humanos y civiles, así como observar la escalada general de militarización.

* Campaña por la Desmilitarización de las Américas, CADA.



fuente:
Minga Informativa de Movimientos Sociales
http://movimientos.org/



Red Latina sin fronteras:
www.latinacoop.es.vg
redlatinasinfronteras@yahoo.es

Distribuido por Política Cono Sur Nº 1626 con fecha 24/07/2006