Paraguay Insólito

Gustavo Torres desde Asunción

Propiedad agrícola concentrada en pocas manos, mientras monocultivos siguen extendiéndose Paraguay es el país de América Latina que tiene la más alta concentración de la tierra en manos de unos pocos, mientras que la gran mayoría de la población campesina carece de ella.

El más reciente censo agropecuario nacional, elaborado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en 1992, muestra que el 1% de los propietarios concentraba el 77% de las tierras mientras que en el otro extremo el 40% de los agricultores, aquellos que tenían de 0 a 5 Ha, poseían sólo el 1% de las tierras.

La desigualdad en la distribución de la tierra se torna alarmante al observar que tan sólo 351 propietarios concentran 9.7 millones de hectáreas, mientras que existen, según organizaciones de la sociedad civil, más de 350,000 familias campesinas sin tierra o con cantidad de tierra insuficiente.

Esta situación es una de las causas centrales del hambre y desnutrición grave en el campo, ya que el 22.8% de la población rural está en la extrema pobreza. El ingreso promedio de dichas familias sólo cubre el 58.3% del costo de la canasta básica de consumo.
El estatal Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, responsable de ejecutar la política de tierra en el país, es duramente criticado por líderes campesinos.

Para Luis Rafael Aguayo, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), que aglutina más de 25 organizaciones campesinas, de mujeres e indígenas a nivel nacional, la redistribución de tierra agrícola a campesinos “sin tierra” debe ser el eje central de una reforma agraria. Aguayo sostiene que sin reforma agraria no es posible el desarrollo en el país.
Cada vez más grandes contingentes de poblaciones campesinas se trasladan a las ciudades sin ninguna perspectiva de bienestar, debido a la falta de mercado laboral y la desindustrialización del país.

El Estado no está utilizando el máximo de los recursos disponibles. El instrumento de expropiación, para casos de interés social, como son los latifundios improductivos y las tierras mal habidas, se usa cada vez menos. El derecho a la tierra y la reforma agraria están contemplados en el artículo 114 de la Constitución Nacional, que señala: “la reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural”.

El Estado también está obligado a implementar la reforma agraria a través de la Ley Nº 1.863, que crea el Estatuto Agrario. Es de destacar la inclusión de un artículo en dicha ley a favor de la mujer cabeza de familia para la adjudicación de la tierra sometida a reforma agraria, así como también la prórroga para el pago de las cuotas en 50% del plazo, cuando las adjudicatarias son mujeres.

Aguayo menciona que a pesar de ésta y otras leyes existentes, las políticas públicas del Estado paraguayo aún son insuficientes para promover el acceso real de la mujer a la propiedad de la tierra, y garantizar su arraigo a través del acceso al título de propiedad, al crédito y al apoyo técnico.

"En todos los casos, ante el grave problema de acceso a la tierra, el Estado paraguayo ha implementado políticas represivas con desalojos violentos, donde también las mujeres campesinas y los niños son víctimas de tratos crueles y discriminatorios.
Las leyes y las garantías constitucionales son observadas y aplicadas unilateralmente por el Estado sólo a favor de un sector de la población, aquel que detenta el poder político y económico”, explica.

Ante la falta de implementación de un proceso de reforma agraria y al no encontrar respuesta de las instituciones estatales, las organizaciones campesinas e indígenas presionan para exigir respeto a sus derechos humanos, económicos y sociales, mediante
distintas formas de desobediencia civil tales como manifestaciones pacíficas, tomas de instituciones, cierres de rutas y ocupaciones de latifundios improductivos.

Según el titular de la MCNOC, dichos reclamos tienen fuertes repercusiones en contra de los campesinos, al judicializarse sus acciones.
“Actualmente más de 2,000 compañeros están con medida sustitutiva de prisión por reclamar sus derechos; y en esta llamada transición democrática más de 100 dirigentes campesinos fueron asesinados por policías, militares y ‘matones’ contratados por latifundistas, ganaderos y sojeros. La mafia es otro factor que afecta directamente al movimiento campesino paraguayo, ya que está ligada al poder político y judicial”, sentencia Aguayo.

Belarmino Balbuena, máximo dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), manifiesta que “el poder político está ligado a un modelo latifundista; la estructura estatal está compuesta por terratenientes que se enriquecen ilícitamente. La única manera de
enriquecerse en Paraguay es al margen de las leyes, y el control territorial es un requisito para ello. Quienes tienen tierras pueden exportar carnes, tener flotas clandestinas de aviones, traficar marihuana, armas, cigarrillos, maderas y otros tipos de tráfico”.

Fuente: Noticias Aliadas