CARTA DE LOS PERIODISTAS PARAGUAYOS A LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA
Pero esta victoria debe ser defendida día a día, contra agresores que sistemáticamente cercenan los derechos de las mayorías a reflejar su realidad y verse reflejados en los grandes medios de comunicación. En Paraguay, aproximadamente el 80% de la tierra, principal medio de producción nacional, está en manos del 1% de la población, por supuesto, la más opulenta. El mismo modelo impuesto en el acceso a la tierra se repite en el campo del espectro radioeléctrico. Los grandes grupos empresariales acaparan la mayoría de las frecuencias de radio y tv en todo el país, en tanto que existe una persistente negación de los derechos de las comunidades a contar con sus emisoras propias, sean de radio o televisión, a través de los cuales la gente pueda difundir su propia realidad. El deterioro de las condiciones de trabajo es un directo ataque a la libertad de expresión y de prensa, así como influye sustancialmente en la disminución de la calidad informativa. El 90% de los periodistas encuestados el año pasado durante un trabajo realizado por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), con el apoyo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, una central de trabajadores estadounidenses, manifestó no contar con el seguro del Instituto de Previsión Social (IPS). El 30%, de los consultados, afirmó recibir menos del ya de por sí escaso salario mínimo, actualmente de 1.341.000 guaraníes mensuales (unos 259 dólares estadounidenses, al cambio actual). La salud de los trabajadores de prensa en Paraguay también presenta serios riesgos, comprobados a través de un estudio médico realizado por la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP). Las compañeras y los compañeros encuestados en el precedentemente mencionado trabajo investigativo elaborado por el SPP, afirmaron que en el 30% de los casos de censura se debió a temor a perder el empleo y el 18% para no desagradar a los patrocinantes. Esta es una situación recurrente en varios países de América del Sur, de acuerdo a los datos manejados por la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). El Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social persiste con la inacción y avala estas violaciones a la legislación. Es necesaria la inspección de las empresas de comunicación que infringen las leyes laborales. Existen unas 500 empresas periodísticas en Paraguay. A la vez, el IPS tiene la obligación legal de fiscalizar a las empresas que no están cotizando por sus trabajadores. Existe una evasión escandalosa, lo que históricamente está postergando el bienestar de los compañeros en la tercera edad. A consecuencia de esta deficiencia, casi delictiva de la previsional, muchos trabajadores no se pueden jubilar, por que los patrones descuentan los aportes y no los transfieren al IPS. Como ejemplo tenemos el caso de los trabajadores del desaparecido diario Noticias, cuya patronal quedó adeudando más de 1.200 millones de guaraníes (unos u$s 230.000 al cambio actual), evadiendo cerca de cuatro años de aportes de los trabajadores. Hasta el momento el Instituto de Previsión Social no inició demanda alguna contra el ex dueño de este malogrado diario, Eduardo “Bilo” Bo. La persecución sindical es uno de los factores vigentes en el día a día de los trabajadores, ataque perpetrado al amparo de un estado que desoye las denuncias y apaña esta flagrante violación a las leyes laborales. Muchas de las patronales, dueñas de los medios de comunicación, supuestas defensoras de los derechos humanos, instalan sistemáticas acciones para debilitar o anular las organizaciones de trabajadores, para desconocer los derechos obreros, frutos de siglos de lucha organizada. Las amenazas y amedrentamientos que sufren los periodistas en Paraguay, son el reflejo de las presiones a las que también están sometidos trabajadores urbanos y campesinos de parte de una estructura socio económica basada en la inequidad. La impunidad sigue vigente. Los asesinatos de los periodistas Santiago Leguizamón, Salvador Medina, Calixto Mendoza, Yamila Cantero, Angela Acosta y Tito Palma, entre otros, siguen sin esclarecerse. El transcurrir de los años debilita la esperanza de que se pueda hallar la justicia y condenar a los culpables, sean materiales como intelectuales de estos homicidios, ocurridos en diversas regiones del país. La canalización de avisos estatales a las empresas de comunicación fue en los últimos años otro elemento distorsionador de la calidad informativa, así como también las presiones de parte de los patrocinadores privados. La difusión de información de interés público no requiere de patrocinio. La gente reclama calidad y diversidad en la información. En este campo, la televisión pública es un arma pedagógica de gran alcance para universalizar la educación primaria, secundaria y técnica. Por ello, el fomento a esta herramienta es de elevada trascendencia. También el respeto a las radios comunitarias que con esfuerzo se erigen en las comunidades. Ante esto, la apertura de espacios de discusión, de análisis y de debates en todo el país son fundamentales a fin de defender el derecho al habla, el ñe’e, que para nosotros los guaraníes, es supremo. Marchemos hacia este objetivo. | |
| Publicado el ( Jueves, 19 de Marzo de 2009 ) |
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